El llamado “caso Marta” lejos de ir resolviéndose con el paso de los días continúa engrosándose con nuevos testimonios o con circunstancias que emanan del mismo, como el que un grupos de juristas pida cuentas a la Junta de Andalucía por haber fletado autobuses a Madrid para la concentración que allí tuvo lugar para pedir cadena perpetua
para delitos como el perpetrado con Marta.

Entre los nuevos testimonios está el de la actual novia de Javier Delgado: explicará al juez que la noche en que murió Marta estuvo estudiando en el piso de León XIII, que el hermano del autor confeso la recogió sobre las 23.30 horas y luego la dejó en el piso-donde presuntamente se cometió el crimen- estudiando, donde pasó la noche desde las 00,30.

Antes la ex pareja de Javier dijo que estuvo con él y con la hija común la noche del crimen, el pasado 24 de enero, entre las 21.10 y las 23.30 horas.

Ambas versiones coinciden con la del hermano del presunto asesino, Miguel Carcaño, que afirma que una vez dejada la actual novia en León XIII acudió al bar que regenta en el barrio de Nervión, donde estuvo trabajando hasta la madrugada ante varios testigos. La familia de Marta, cuando fue a buscar a Miguel al piso de León XIII el domingo 25 de enero, vio a la joven allí. Ella, de nombre María, les dijo que estaba estudiando con otro chico, que había pasado toda la noche en la vivienda y que Miguel no vivía allí, sino en Camas, en casa de su novia.
Javier, de 40 años, está imputado como cómplice de la muerte de Marta y según el juez se quedó “limpiando restos y huellas” en el piso de León XIII a partir de las 20.30 horas, mientras su hermano y dos amigos arrojaban el cuerpo al río Guadalquivir, lo que no coincide con lo expuesto.La única acusación contra él es la del menor de edad, quien manifestó al juez que este adulto, “visiblemente nervioso”, le amenazó con que a él mismo o a su familia “le pasaría algo grave” si contaba lo ocurrido con Marta.

Por otra parte la Sociedad Andaluza de Juristas por la Defensa de los Derechos Humanos ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía las cuentas que reflejen la financiación de los autobuses que trasladaron, el pasado 21 de febrero, a unas 300 personas a Madrid para manifestarse bajo el lema ¡Queremos Justicia!, en el que se pedía un endurecimiento de las penas y la cadena perpetua por el caso de la joven sevillana presuntamente asesinada Marta del Castillo.

Desde la sociedad de juristas aseguran que “hay normas directamente aplicables tanto internacionales como internas de defensa de los derechos humanos que excluyen la posibilidad de que los organismos públicos realicen comportamientos activos a favor del establecimiento de la cadena perpetua” y se acogen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otros cuatro pactos y convenios internacionales y piden que se inicie de oficio una revisión de las partidas usadas para la contratación de los autobuses (en caso de que se hayan empleado con fondos públicos), por resultar nulo de pleno derecho al contravenir las normas internacionales